La historia desconocida del terreno donde se proyectó reunir al presidente, los legisladores y la Justicia, antes de convertirse en sede de la Intendencia de Montevideo.
En 1910 comenzaron a levantarse, sobre la avenida 18 de Julio, los fundamentos de un edificio que estaba llamado a convertirse en uno de los grandes símbolos de la República. El gobierno nacional había decidido instalar allí su Palacio de Gobierno y, después de décadas de proyectos y discusiones, la construcción finalmente parecía encaminarse. Al año siguiente las obras fueron suspendidas. Los cimientos permanecieron abandonados y el palacio nunca llegó a existir. Aquella fue la culminación frustrada de una ambición que había comenzado mucho antes y que, en sus primeras formulaciones, era todavía más extraordinaria: reunir en aquel mismo terreno los tres poderes del Estado uruguayo. El presidente de la República, los senadores, los diputados y la Suprema Corte de Justicia podían haber tenido allí sus sedes. De haberse realizado aquel proyecto, la avenida 18 de Julio habría adquirido una centralidad política completamente diferente.
#LAOTRACIUDAD /Desde Montevideo Dr. Ricardo Petrissans Aguilar para DIARIO URUGUAY

Lo que hoy conocemos como Palacio Legislativo quizá no hubiera ocupado su emplazamiento actual, o habría nacido dentro de una organización institucional muy distinta. La geografía de Montevideo, sus grandes avenidas y la distribución de sus edificios públicos habrían seguido otro camino. Pero para comprender por qué se pensó semejante empresa debemos regresar a 1884, cuando el gobierno de Máximo Santos resolvió adquirir el terreno que todavía ocupaba el antiguo Cementerio Británico.
La expropiación tenía una finalidad precisa: disponer de una superficie importante, sobre una de las principales arterias de la capital, para construir edificios de los poderes públicos.
La ley del 1.º de octubre de 1884 contiene una decisión que suele pasar inadvertida. Durante su tratamiento parlamentario se había considerado destinar el terreno a un Palacio de Gobierno, pero la comisión informante del Senado introdujo una modificación. Prefirió que el Estado no quedara obligado exclusivamente a una construcción determinada y propuso una expresión más amplia: edificios de los poderes públicos. La diferencia tenía consecuencias considerables. El Estado adquiría una propiedad que podía servir para diferentes soluciones arquitectónicas e institucionales, precisamente cuando todavía no se había resuelto cómo debían organizarse sus sedes monumentales.
La cuestión era antigua. Después de la independencia, los poderes nacionales habían continuado utilizando edificios heredados de la época colonial o instalaciones que no respondían satisfactoriamente a sus necesidades. El Poder Legislativo había funcionado durante décadas en el Cabildo de Montevideo. Sus cámaras compartían espacios que habían sido concebidos para otras finalidades, en un edificio que tampoco podía crecer indefinidamente sin comprometer su organización.
La necesidad de disponer de una sede legislativa propia se había manifestado bastante antes de que comenzaran los proyectos monumentales de fines del siglo XIX. Pero construir una capital republicana no era solamente resolver problemas de oficinas.
Los gobiernos necesitaban representar arquitectónicamente la existencia del Estado. En una época en que las capitales europeas y americanas levantaban grandes palacios públicos, avenidas y plazas monumentales, Montevideo aspiraba a expresar mediante edificios permanentes una autoridad nacional que había atravesado décadas de guerras civiles y transformaciones institucionales.
El antiguo terreno del Cementerio Británico parecía ofrecer una oportunidad excepcional. Estaba situado sobre 18 de Julio, en una zona que adquiría cada vez mayor importancia urbana. La superficie era extensa y su adquisición había permitido disponer de un inmueble de aproximadamente dos hectáreas, aunque las mensuras históricas no coinciden exactamente con los límites del complejo municipal actual. Sobre aquella tierra comenzaría a proyectarse algo mucho más grande que una simple sede administrativa.
En 1887 apareció Norberto Maillart. El arquitecto francés presentó al gobierno uruguayo una propuesta de reorganización monumental de Montevideo. Su plan no consistía en dibujar un edificio aislado, sino en transformar una parte de la estructura urbana mediante grandes avenidas, plazas y construcciones destinadas a representar los poderes nacionales.
El modelo cultural de aquellas iniciativas remitía al urbanismo francés del siglo XIX, particularmente a las grandes reformas que habían modificado París durante el Segundo Imperio. La apertura de nuevas avenidas debía permitir perspectivas monumentales, mejorar las conexiones entre distintos sectores de la ciudad y valorizarlos mediante la intervención del Estado.
En Montevideo, el centro simbólico de aquella operación estaría situado precisamente sobre el antiguo cementerio. Maillart propuso levantar allí el Palacio de los Altos Poderes del Estado, una construcción destinada a reunir las instituciones del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Era una propuesta de enorme alcance político.
La República poseía tres poderes diferenciados por sus funciones constitucionales, pero el proyecto buscaba reunir su representación monumental en un mismo conjunto arquitectónico. La unidad edilicia expresaría la autoridad del Estado y proporcionaría al centro de Montevideo una construcción que dominara visualmente su entorno.
La idea estaba relacionada con un plan de avenidas que debía reorganizar sectores comprendidos entre el Centro, la Aguada y otras zonas de expansión. Sin embargo, detrás de la ambición monumental existía también una operación económica. Maillart consideraba que el aumento del valor de las propiedades beneficiadas por las nuevas avenidas podía contribuir al financiamiento de las obras.
No se trataba simplemente de contratar a un arquitecto para construir un palacio. Se proponía un mecanismo en que la inversión urbana, las expropiaciones y la valorización inmobiliaria permitirían sostener una transformación considerable de la capital.
El historiador de la arquitectura Luis Eduardo Tosoni ha estudiado esta operación y sus relaciones con la posterior construcción del Palacio Legislativo y el trazado de la avenida Agraciada.
Su investigación permite comprender que el proyecto de Maillart formaba parte de una discusión más amplia sobre cómo debía organizarse espacialmente el poder en el Uruguay moderno.
El edificio de los tres poderes no sería solamente una sede de gobierno: pretendía convertirse en el punto de partida de una nueva capital monumental. Pero la empresa encontró dificultades.
En enero de 1889 se aprobó la Ley n.º 2038, que modificó sustancialmente la propuesta inicial. En lugar de concentrar los tres poderes en un único edificio, se adoptó como solución preferente la construcción de tres sedes separadas.
El Poder Ejecutivo conservaría su emplazamiento en el antiguo terreno del Cementerio Británico. Las sedes correspondientes al Legislativo y al Judicial se distribuirían dentro del nuevo esquema urbanístico. Sin embargo, la propia legislación contemplaba una alternativa notable: si no resultaba posible construir los tres edificios separados, podían reunirse nuevamente en un solo grupo sobre el terreno del antiguo cementerio, conforme a la propuesta de Maillart. Es decir, en 1889 la idea de concentrar los tres poderes en el lugar donde hoy está la Intendencia no había sido completamente abandonada. Este detalle es esencial para comprender la historia.
No existió un Palacio Legislativo construido allí, ni puede afirmarse que se hubiera comenzado a ejecutar una sede específica del Parlamento sobre aquel terreno. Lo que existió fue un proyecto monumental que incluía al Legislativo y una disposición legislativa que todavía admitía su ubicación conjunta con los otros poderes.
El Parlamento uruguayo pudo haber encontrado en aquella zona su sede permanente. Pero las decisiones posteriores comenzaron a conducirlo hacia otra parte de Montevideo.
Durante la década de 1890 se intensificaron las discusiones sobre el edificio legislativo. El Parlamento necesitaba instalaciones propias, capaces de albergar a las dos cámaras, sus dependencias y los espacios adecuados para la presencia del público.
El 10 de febrero de 1896, una ley relacionada con la liquidación del Banco Nacional estableció que el futuro Palacio Legislativo se levantaría sobre la avenida Agraciada, frente a la Iglesia de la Aguada, en una manzana situada entre las calles Nicaragua, Venezuela y Pampas. La resolución constituyó un cambio decisivo respecto de las primeras aspiraciones de concentración institucional sobre 18 de Julio.
El Legislativo comenzaba a encontrar un destino urbano independiente. La elección del emplazamiento tampoco fue la última palabra. En los años siguientes continuaron los debates y se recibieron propuestas para situar el edificio en distintos lugares.
En 1902 se dispuso convocar un concurso internacional de proyectos y se organizó la comisión encargada del proceso. Entre sus integrantes se encontraba el senador José Batlle y Ordóñez, mientras el ingeniero José Serrato intervino en la preparación técnica del concurso.
La historia de la construcción del Palacio Legislativo tendría todavía numerosos cambios. El concurso realizado en 1903, las modificaciones del emplazamiento y la adaptación del proyecto de Vittorio Meano condujeron finalmente al edificio cuya piedra fundamental se colocó en 1908 y que sería inaugurado el 25 de agosto de 1925. Para entonces, la posibilidad de instalar las cámaras legislativas junto al Ejecutivo sobre el antiguo Cementerio Británico había quedado atrás. Pero el terreno de 18 de Julio seguía esperando su propio palacio.
El proyecto nacional no desapareció con la separación de las sedes. El Estado conservaba la aspiración de levantar allí el edificio correspondiente al Poder Ejecutivo.
En tiempos de la presidencia de Claudio Williman, entre 1907 y 1911, la iniciativa tomó una forma material. Hacia 1910 comenzaron las obras de un Palacio de Gobierno sobre el terreno que había pertenecido al cementerio. Se excavó, se prepararon los fundamentos y se inició una construcción que debía convertirse en la gran sede del gobierno nacional.
No era exactamente el mismo proyecto que Maillart había imaginado para reunir a los tres poderes. Las decisiones legales y urbanísticas posteriores habían modificado aquella concepción. Pero su emplazamiento conservaba la continuidad con la ambición nacida en el siglo XIX: transformar el antiguo cementerio en una sede monumental de la autoridad estatal. Y entonces apareció una nueva dificultad.
El gobierno y el Parlamento continuaban reconsiderando la localización de los edificios públicos, el trazado de las avenidas y la extensión de los terrenos que requerían las construcciones proyectadas. La obra había comenzado, pero el programa general seguía sometido a revisión.
El 6 de julio de 1911 se aprobó la Ley n.º 3737, que dispuso suspender la construcción del Palacio de Gobierno. La disposición también habilitó nuevas instancias de concurso para estudiar el trazado de avenidas, la ubicación de edificios públicos y el diseño de la sede gubernativa. No fue una suspensión insignificante.
El Estado había destinado recursos, contratado trabajos e iniciado una obra de considerable importancia, pero ahora modificaba las condiciones bajo las cuales debía continuar.
La legislación contempló incluso recursos para atender la liquidación de trabajos iniciados, indemnizar contratistas y financiar las nuevas instancias de planificación. El edificio quedó reducido a sus fundamentos. Durante años, Montevideo conservó allí una extensa obra inconclusa, visible en fotografías de época. Era la presencia material de una ambición abandonada: un Palacio de Gobierno que había comenzado a construirse y que nunca llegaría a levantarse.
La imagen resulta especialmente interesante si se considera lo que estaba ocurriendo en otras partes de la capital. Mientras el proyecto de 18 de Julio permanecía detenido, el Palacio Legislativo avanzaba hacia su construcción definitiva en la Aguada. La distribución monumental de las instituciones nacionales comenzaba a adquirir una forma distinta de la imaginada por Maillart.
El antiguo cementerio, adquirido para convertirse en el centro del poder estatal, acabó perdiendo esa función.
Hacia 1915, el terreno pasó a la órbita municipal. Las fuentes históricas atribuyen el cambio al gobierno de José Batlle y Ordóñez, aunque la naturaleza jurídica completa de aquella transferencia —su administración, dominio y posterior registro— requiere distinguir actos que no necesariamente ocurrieron en una misma fecha. Lo que importa para esta historia es el cambio de destino.
La tierra que había sido reservada para la representación del Estado nacional pasó a ser considerada para las necesidades del gobierno de Montevideo. La administración municipal enfrentaba un crecimiento considerable de sus funciones. La ciudad se extendía, aumentaban sus servicios y las oficinas dispersas dificultaban una organización eficiente. El viejo Palacio Jackson, junto a la Plaza Cagancha, que había albergado dependencias municipales, ya no respondía adecuadamente a todas aquellas exigencias.
La nueva sede debía permitir reunir servicios administrativos y, al mismo tiempo, expresar arquitectónicamente la identidad institucional del municipio. El primer concurso internacional se convocó en 1923. Participaron arquitectos con propuestas diferentes acerca de la forma que debía asumir el nuevo palacio. El jurado, sin embargo, dejó desierto el primer premio. Mauricio Cravotto recibió el segundo. El resultado quedó publicado en 1924 por la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, en la revista Arquitectura. Pero todavía no había una solución definitiva.
En 1929 se organizó un nuevo concurso, desarrollado en dos etapas hasta 1930. Esta vez Cravotto obtuvo el primer premio. El proyecto finalmente seleccionado respondía a una concepción institucional diferente de la que había inspirado los planes de Maillart. La nueva sede ya no pretendía reunir a los poderes del Estado uruguayo. Debía convertirse en el centro administrativo y representativo del gobierno de Montevideo.
Cravotto recurrió a una composición con una torre dominante, levantada sobre un basamento monumental, capaz de establecer una referencia reconocible dentro de la trama urbana. La inspiración no era exclusivamente funcional. Las investigaciones arquitectónicas han señalado la relación de su concepción con la tradición de los ayuntamientos europeos, reinterpretada mediante un lenguaje moderno y adaptada a una capital del siglo XX.
El edificio debía expresar la autoridad municipal sin confundirse con una sede nacional. También se proyectó una relación espacial con su entorno. La explanada, los accesos, la posición sobre 18 de Julio y la escala de la torre formaban parte de una idea más amplia sobre la presencia de la administración pública en la ciudad.
El diseño original preveía una altura mayor que la finalmente construida. La torre proyectada debía alcanzar unos 114 metros, pero las restricciones presupuestales y las modificaciones de obra determinaron que el edificio llegara a aproximadamente 77,65 metros. Una vez más, la diferencia entre lo imaginado y lo posible intervenía sobre aquel terreno.
El 6 de enero de 1935 se colocó la piedra fundamental del Palacio Municipal. El acto se realizó durante la administración del intendente Alberto Dagnino, con la presencia de autoridades y de Eugenio Baroffio, vinculado con la dirección de las obras municipales. La Banda Montevideo acompañó la ceremonia.
Las obras principales comenzaron en 1936. Durante los años siguientes se levantó la estructura que modificaría definitivamente el perfil de la avenida 18 de Julio. El antiguo solar funerario, después de haber conocido proyectos nacionales, exposiciones, espectáculos y una obra abandonada, empezó a recibir su edificio más perdurable.
El 16 de julio de 1941 fue inaugurado el Palacio Municipal. Su construcción no había concluido completamente. En 1942 avanzaron la explanada y el garaje; entre 1944 y 1946 se realizaron las alas laterales sobre Ejido y Santiago de Chile, y en 1948 comenzaron los trabajos del atrio hacia 18 de Julio.
Las obras complementarias continuarían durante décadas. La ciudad terminaría incorporando el Palacio como uno de sus puntos de referencia cotidianos, aunque el proyecto original de Cravotto tampoco llegara a ejecutarse íntegramente. La historia tiene una ironía difícil de ignorar.
En 1884 el Estado había expropiado el Cementerio Británico porque deseaba convertir aquella tierra en un lugar para los poderes públicos. Tres años más tarde, Maillart había imaginado allí un palacio capaz de reunir al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial. La ley de 1889 modificó aquella ambición, pero conservó provisionalmente la posibilidad de mantener la concentración institucional. Después, el Parlamento encontró otro emplazamiento. Se inició un Palacio de Gobierno nacional que quedó suspendido en 1911. Los cimientos permanecieron como testimonio de una construcción que nunca existiría. Y finalmente el municipio ocupó el lugar con un edificio destinado a funciones completamente diferentes.
Si aquella primera aspiración hubiera prosperado, la historia política y arquitectónica de Montevideo habría sido distinta. La sede del Poder Legislativo podría haber integrado el conjunto monumental de 18 de Julio, en lugar de convertirse en la gran construcción que domina hoy la Aguada. Pero los proyectos urbanos no son profecías. Son propuestas formuladas en momentos determinados, sometidas a posibilidades económicas, decisiones políticas y transformaciones que sus autores no pueden controlar.
El terreno del Palacio Municipal constituye un ejemplo particularmente claro de esa realidad. Allí se imaginó una capital monumental organizada alrededor de los poderes del Estado. Allí se discutió la ubicación del Parlamento. Allí se decidió reservar un espacio para el Ejecutivo y se comenzaron a construir los fundamentos de un Palacio de Gobierno. Nada de eso llegó a materializarse en la forma prevista.
Lo que finalmente se levantó fue la sede del gobierno departamental, proyectada por Mauricio Cravotto, después de casi medio siglo de discusiones sobre el destino público del terreno. Al recorrer hoy la explanada, mirando hacia 18 de Julio, resulta difícil representarse aquella larga sucesión. Donde ahora se elevan las oficinas municipales pudo haberse concentrado la vida institucional de la República. Los debates parlamentarios, las ceremonias del Poder Ejecutivo y las funciones de la Justicia habrían encontrado allí una organización diferente.
La historia eligió otros emplazamientos. Pero no debemos olvidar que durante mucho tiempo ese futuro permaneció abierto.
La Intendencia de Montevideo no está simplemente construida sobre un antiguo cementerio. Está levantada en un lugar donde la República imaginó varias veces la arquitectura de su propio poder y donde dejó los fundamentos materiales de uno de sus proyectos frustrados. Ese es el verdadero interés del solar de 18 de Julio y Ejido. No solamente lo que allí se construyó. También lo que estuvo a punto de construirse y habría cambiado para siempre la imagen de Montevideo.
Bibliografía y fuentes del artículo II
Documentación legislativa e institucional
Ley de 1.º de octubre de 1884. Expropiación del terreno del Cementerio Británico para edificios de los poderes públicos.
Ley n.º 2038, enero de 1889. Modificación del proyecto de Maillart y previsión de sedes para los tres poderes estatales, con posibilidad subsidiaria de su agrupamiento en el antiguo cementerio.
Ley de 10 de febrero de 1896. Disposición relativa a la construcción del Palacio Legislativo sobre avenida Agraciada.
Ley n.º 3737, 6 de julio de 1911. Suspensión de las obras del Palacio de Gobierno y nuevas previsiones para concursos y obras públicas.
Parlamento del Uruguay. Historia del Palacio Legislativo, publicación institucional del centenario.
Centro de Fotografía de Montevideo. Palacio Municipal, investigación histórica y colección fotográfica. Registro 1620FMHB, cimientos del Palacio de Gobierno inconcluso.
Sociedad de Arquitectos del Uruguay. Arquitectura, vol. 10, n.º 78, 1924; vol. 17, n.º 163, 1931. Documentación relativa a los concursos del Palacio Municipal.
Estudios de historia urbana y arquitectura
Tosoni, Luis Eduardo. El proyecto monumental. La construcción del Palacio Legislativo y el trazado de la avenida Agraciada, Montevideo, 1887-1945. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, 2019.
Carmona, Liliana, y María Julia Gómez. Montevideo: proceso planificador y crecimientos. Facultad de Arquitectura, Universidad de la República.
Articardi, Juan. Dilemas modernos. El proyecto urbano en Montevideo y la costa balnearia. Investigación universitaria sobre los proyectos de modernización de Montevideo.
Intendencia de Montevideo y Facultad de Arquitectura, Universidad de la República. Guía arquitectónica y urbanística de Montevideo. Montevideo, 2008.
Petrissans Aguilar, Ricardo. El terreno bajo el Palacio. Historia de los terrenos que llegaron a ser sede de la Intendencia de Montevideo. Editorial La Otra Ciudad, 2026.
Fernández Saldaña, José María. «El antiguo Cementerio Inglés», en Historias del viejo Montevideo.