Hubo un momento en que la guerra de Artigas dejó de limitarse a la Banda Oriental y empezó a aparecer en el horizonte de barcos que navegaban a miles de kilómetros del río Uruguay. Esa historia cuesta reconocerla porque no coincide con la imagen habitual del período. Estamos acostumbrados a pensar en caballería, lanzas, campamentos, montes y grandes extensiones de campo, y mucho menos en comerciantes norteamericanos, tribunales de presas, capitanes extranjeros y embarcaciones que cruzaban el Atlántico llevando papeles firmados en Purificación. Sin embargo, ocurrió.
#LA OTRA CIUDAD/Desde Montevideo Dr. Ricardo Petrissans Aguilar para DIARIO URUGUAY.
La explicación estaba en la enorme desigualdad que enfrentaba Artigas frente a Portugal. Cuando la invasión comenzó en 1816, el jefe oriental sabía que no disponía de una marina capaz de enfrentarse a una potencia con tradición naval, recursos y acceso a puertos importantes. Montevideo podía ofrecer una base momentánea, pero su pérdida parecía posible y terminaría ocurriendo pocos meses después. La solución fue recurrir a una institución antigua y perfectamente conocida en el derecho marítimo: el corso.
Un corsario no era simplemente un pirata al servicio de una causa. Actuaba con autorización escrita de una autoridad política, y esa diferencia jurídica tenía consecuencias enormes. Una patente le permitía capturar barcos enemigos, pero lo obligaba también a someter las presas a procedimientos determinados. Había que demostrar que el buque capturado pertenecía a una potencia enemiga, presentar documentación, llevarlo a un puerto adecuado y obtener una decisión que permitiera vender la nave y su carga.
Era guerra y negocio al mismo tiempo. Y precisamente por eso resultaba útil para una revolución con escasos recursos.
El gobierno no necesitaba comprar el barco ni pagar íntegramente a la tripulación. El armador asumía el riesgo porque esperaba obtener una parte de las presas. Artigas aportaba algo distinto: legitimidad política. Muy pronto comenzaron a circular documentos que autorizaban esas operaciones. En Montevideo y Colonia aparecen tempranamente iniciativas para armar embarcaciones y actuar contra Portugal. Después, cuando Montevideo cayó en manos de Lecor, el sistema se volvió más flexible y también más internacional.
Allí entró Thomas Lloyd Halsey.
Era cónsul de Estados Unidos en Buenos Aires y entendía perfectamente el mundo mercantil del Atlántico. Sabía que había armadores y capitanes dispuestos a arriesgar sus barcos si la expectativa de ganancia era suficiente. Halsey entró en contacto con Artigas y ayudó a conectar aquella guerra sudamericana con redes comerciales que podían aportar barcos, tripulaciones y experiencia naval.
Eso produjo situaciones extraordinarias. Capitanes que jamás habían vivido en la Banda Oriental podían navegar bajo una patente artiguista. Los papeles viajaban. Las autorizaciones podían prepararse fuera del territorio oriental y llegar después a manos del jefe para su firma.
Un barco podía armarse en un puerto extranjero y, una vez en el mar, presentarse como instrumento de guerra de una autoridad cuya sede estaba en Purificación. La distancia geográfica se volvió irrelevante.
En noviembre de 1817 Artigas otorgó una patente al capitán John Clark para el buque La Fortuna. El documento conservado permite ver hasta qué punto el sistema estaba lejos de ser una aventura improvisada. Había condiciones, límites y obligaciones. El capitán debía actuar contra enemigos determinados y responder por la conducta de su tripulación.
Para Portugal aquello era mucho más peligroso de lo que podía parecer. Cada mercante capturado representaba una pérdida económica, naturalmente, pero también una cuestión diplomática. Si un puerto extranjero aceptaba la patente, juzgaba una presa o permitía abastecer al corsario, estaba concediendo de hecho algún reconocimiento a la autoridad que había emitido ese documento.
La discusión dejaba entonces de ser exclusivamente naval. Pasaba a ser política.
Portugal insistía en que los barcos artiguistas debían ser considerados piratas. Artigas necesitaba exactamente lo contrario: que fueran tratados como corsarios legítimos. Entre esas dos posiciones aparecían gobiernos extranjeros, cónsules, jueces, comerciantes y aseguradores que debían decidir qué valor otorgaban a aquellos papeles procedentes del Río de la Plata. Mientras tanto, los barcos seguían navegando. Algunos operaron en aguas cercanas. Otros se alejaron muchísimo más.
Las fuentes muestran una expansión que terminó llevando las operaciones corsarias hacia rutas atlánticas y caribeñas, y cada aparición ampliaba el radio político de una revolución que en tierra estaba sufriendo un cerco cada vez más intenso. Esa paradoja es probablemente una de las imágenes más hermosas del período. Cuanto más se reducía el espacio controlado por Artigas en la Banda Oriental, más lejos podía aparecer su bandera sobre el mar.
Naturalmente, no conviene exagerar el alcance militar de esa estrategia. Los corsarios no iban a expulsar al ejército portugués de Montevideo ni podían impedir la ocupación progresiva de la campaña. Servían para crear costos, hostigar el comercio, obligar a proteger rutas y mantener abierto un frente indirecto contra un enemigo superior. Pero también demostraban una inteligencia política considerable.
Artigas había comprendido que Portugal no era solamente el ejército que avanzaba sobre la Banda Oriental. Era una potencia con comercio, intereses marítimos y redes que podían ser atacadas lejos del campo de batalla. Eso amplió la guerra. Y la volvió internacional.
En determinado momento, un comerciante portugués que navegara en aguas muy lejanas podía encontrarse con una embarcación que llevaba autorización firmada por un hombre instalado en un campamento del litoral oriental. Quizá ninguno de los marinos a bordo supiera demasiado sobre la Liga Federal o sobre las disputas entre Artigas y Buenos Aires. No hacía falta. La guerra había llegado hasta ellos.
El corso artiguista fue también profundamente cosmopolita. Hubo marinos extranjeros, armadores que perseguían ganancias y hombres cuya fidelidad política seguramente terminaba donde empezaba el negocio. Esa mezcla puede resultar incómoda si esperamos una guerra compuesta solamente por patriotas, pero era perfectamente normal dentro del mundo atlántico de la época.
Artigas utilizó lo que tenía a su alcance. Y eso incluía las ambiciones de otros. En lugar de debilitar la historia, ese dato la hace más interesante. Nos muestra una revolución capaz de insertarse en mercados, intereses y circuitos marítimos que iban mucho más allá del territorio que pretendía gobernar.
Durante mucho tiempo el Artigas naval quedó prácticamente fuera de nuestra imaginación. El caballo ganó la batalla de la memoria. Tal vez sea comprensible: la iconografía nacional necesitaba imágenes sencillas y reconocibles, y un jefe a caballo resultaba mucho más fácil de representar que una red de agentes, capitanes y patentes recorriendo el Atlántico. Pero la segunda historia también existió. Hubo cartas. Hubo patentes. Hubo barcos. Hubo presas. Hubo protestas diplomáticas. Y hubo un momento en que el conflicto de la Banda Oriental apareció ante personas que jamás habían oído hablar de Las Piedras, de Purificación ni de la Liga de los Pueblos Libres.
Bibliografía
Comisión Nacional Archivo Artigas. Archivo Artigas. Documentación sobre corso y relaciones exteriores.
Beraza, Agustín. Estudios sobre los corsarios artiguistas.
Armada Nacional del Uruguay. Documentación histórica sobre patentes de corso y actividad naval artiguista.
Archivo General de la Nación. Fondos relativos al período artiguista.
Correspondencia diplomática portuguesa relativa a los corsarios orientales y a Thomas Lloyd Halsey.
Reyes Abadie, Washington; Bruschera, Oscar; Melogno, Tabaré. El ciclo artiguista.