El próximo 22 de noviembre, Uruguay celebrará las elecciones del directorio social del BPS. Sin embargo, mientras se afinan los detalles logísticos, una pregunta incómoda sobrevuela el debate ciudadano: ¿no estaremos ante un gasto innecesario que amerita una revisión profunda?
La magnitud del operativo es innegable. Movilizar a más de dos millones de personas implica un despliegue logístico y económico significativo. No obstante, la paradoja surge al analizar el peso real del cargo en disputa. El Directorio del BPS se compone de siete miembros, de los cuales cuatro son designados directamente por el Poder Ejecutivo. Esta mayoría automática relega a los tres directores sociales —elegidos en estas votaciones— a una posición de clara minoría, limitando su injerencia a un rol de “contrapeso y control”. Una función que, por más loable y necesaria que resulte en un sistema democrático, difícilmente justifica la enorme maquinaria electoral que se pone en marcha para su designación.
UN BLANCO QUE DA EN EL BLANCO/ OPINA Desde la frontera Rivera Livramento JOSELO ANDRADE para DIARIO URUGUAY

Pero el desbalance no termina en la toma de decisiones. La remuneración de estos directores resulta francamente desproporcionada en relación con su influencia real. Según datos oficiales, perciben un sueldo base de $138.716 más una partida por gastos de representación de $43.786, lo que totaliza $182.502 mensuales( números no actualizados). Se trata de una cifra asimilable al salario de un Ministro de Estado, un cargo con una responsabilidad política y un poder de decisión que poco tienen que ver con el de un director social del BPS.
Históricamente, el costo de estos comicios ha sido millonario. En las últimas elecciones, el Estado erogó cerca de U$S 3.250.000. Y aunque el presupuesto oficial para los próximos comicios aún no se ha difundido con exactitud, todo indica que la cifra será aún mayor. Aquí es donde la reflexión se vuelve ineludible: estamos hablando de recursos que podrían canalizarse hacia áreas donde la urgencia es palpable. ¿Acaso no sería más sensato invertir ese dinero en la construcción de un CTI en el interior del país, dotarlo de equipamiento tecnológico y contratar personal médico especializado? O, siguiendo el ejemplo de ciertas ONG, destinarlo a proyectos de viviendas sustentables construidas con contenedores. Según algunos cálculos, con el presupuesto de unas elecciones se podría dar una casa a 300 familias que hoy padecen una precariedad habitacional extrema.
Incluso si descendemos a la microeconomía del gasto, la reflexión es igual de demoledora: con el sueldo que percibe un único director en dos meses, se podría erradicar el problema de vivienda de una familia entera. Extrapolado a todo su mandato, estaríamos hablando de la posibilidad de ofrecer un techo digno a casi treinta familias.
En síntesis, nos encontramos ante una paradoja institucional de difícil justificación: se organiza una elección de alto costo, sin la divulgación suficiente de los nombres de los candidatos y sus proyectos ,con voto obligatorio bajo amenaza de multa (no obligatorio para mayores de 75 años o con invalidez), para elegir a representantes con un sueldo desorbitado y un poder de incidencia real ínfimo. El ejercicio de la democracia es sagrado, pero también lo es la administración eficiente de los recursos comunes. Cuando el costo-beneficio de un proceso resulta tan visiblemente cuestionable, no hacer las preguntas pertinentes sería, quizás, la mayor de las irresponsabilidades.
Estoy muy de acuerdo esa disputa es simplemente x los sueldones.,
Seguro que si fueran honorarios, no se molestan en figurar?
Hay que bajarle esos sueldos
Totalmente se acuerdo. Insistimos en gastar como un país rico, pagamos sueldos siderales y cada vez tenemos menos desarrollo, más precariedad. Es lo más parecido a una autofagia nivel país.